La imputación a Johana Aranda por parte de la Fiscalía General de la Nación sacudió este lunes el panorama político de Ibagué. El ente acusador señaló a la alcaldesa y a otras cuatro personas por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del Centro de Atención y Protección Animal de la ciudad.
La diligencia judicial se realizó este 1 de junio de 2026, en la que también fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la alcaldesa Johana Aranda habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya, y presuntamente habría dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa que no contaba con experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.
De acuerdo con el ente acusador, la empresa seleccionada tenía como actividad principal la prestación de servicios de aseo para la Alcaldía de Ibagué y algunas instituciones educativas de la ciudad, situación que generó cuestionamientos sobre su idoneidad para ejecutar el objeto contractual.
La Fiscalía sostuvo además que varios de los funcionarios involucrados habrían celebrado el contrato pese a conocer que la empresa favorecida no tenía relación directa con el suministro de alimentos para animales ni experiencia comprobada en ese sector.
La investigación también estableció que presuntamente fueron elaborados estudios previos con valores alejados de los precios reales del mercado y que las cotizaciones fueron solicitadas únicamente a dos posibles oferentes.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que los representantes legales de las empresas consultadas tendrían vínculos de parentesco, situación que habría afectado la pluralidad de oferentes exigida en los procesos de contratación pública.
Respecto al contratista Ernesto Alfonso Quiroga, la Fiscalía aseguró que habría permitido el direccionamiento del contrato en su favor y obtenido cerca de 34.991.000 pesos por concepto de presuntos sobrecostos.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó, según la participación individual de cada procesado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Durante la audiencia, ninguno de los cinco imputados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
El proceso judicial continuará en las próximas etapas, donde la Fiscalía buscará sustentar las acusaciones con los elementos materiales probatorios y evidencias recolectadas durante la investigación.
La imputación representa uno de los procesos más delicados que enfrenta actualmente la administración municipal de Ibagué, debido a que involucra directamente a la mandataria local y a varios funcionarios vinculados a su gobierno.
