El proyecto de ley de seguridad energética de Miguel Barreto fue radicado por el senador en el Senado de la República, bajo el nombre de Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Energética Nacional, con el propósito de garantizar el abastecimiento de gas y energía en el país y acelerar los proyectos considerados estratégicos para el sector.
De acuerdo con lo expuesto por el congresista en sus redes sociales, el proyecto surge ante la preocupación por la disminución de las reservas de gas natural y la creciente necesidad de importar este recurso para atender el consumo nacional.
Entre las principales propuestas de la iniciativa se encuentra la creación de mecanismos para agilizar los trámites de proyectos energéticos, con un plazo de hasta 30 días y mediante una ventanilla única, con el propósito de reducir los tiempos asociados a procesos que actualmente pueden retrasar obras de generación, transmisión y suministro de gas.
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Barreto también plantea establecer garantías para el abastecimiento energético, con el objetivo de evitar que la falta de gas o energía termine afectando a los hogares colombianos mediante aumentos en las tarifas o problemas en la prestación del servicio.
Otro de los argumentos del senador está relacionado con el empleo. Según las cifras difundidas por Barreto, una eventual crisis de abastecimiento energético podría poner en riesgo más de 230.000 puestos de trabajo en el país.
El congresista sostiene además que Colombia necesita avanzar hacia una transición energética sin poner en riesgo la confiabilidad del sistema. En ese sentido, afirma que la seguridad energética y la protección ambiental no deben entenderse como objetivos contradictorios.
La iniciativa también contempla declarar estratégicos determinados proyectos energéticos, fortalecer la seguridad jurídica para la inversión y mejorar las condiciones para garantizar el abastecimiento de energía y gas.
«Colombia no puede llegar al futuro verde desde un presente a oscuras», señaló Barreto al presentar la iniciativa.
El proyecto deberá continuar ahora su trámite en el Congreso, donde tendrá que ser estudiado y debatido antes de determinar si avanza hacia su aprobación.
