Indeportes Tolima se convirtió en el centro de un agitado remezón institucional luego de que la Gobernación del Tolima oficializara la salida inmediata de su gerente, Francy Liliana Salazar, en medio de graves investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de prestación de servicios. La decisión, tomada tras una inspección jurídica impulsada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, busca sentar un precedente de «cero sombras» en la administración pública, exigiendo que los implicados ejerzan su defensa por fuera de la entidad.
«Conmigo no hay tapen-tapen. Conmigo debe haber hechos bien hechos, trabajo 24/7 y rigor técnico sin excepción. Los recursos públicos son sagrados», enfatizó la mandataria departamental, quien además habilitará un correo electrónico exclusivo para recibir denuncias ciudadanas y reconoció el papel del control social y el periodismo al sacar a la luz estas anomalías.
Fisuras políticas, plan tortuga y deportistas perjudicados
Más allá del anuncio oficial, la salida de Salazar destapó la crisis interna que venía incubándose en el instituto. Fuentes del sector revelaron que las diferencias políticas entre la hoy saliente gerente —de filiación barretista— y la exdirectora Viviana Romero —de vertiente yepista— crearon marcadas reaciones organizacionales que terminaron por dinamitar la gestión.
Mientras las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría avanzan, los platos rotos los están pagando los atletas tolimenses. A solo un año de los Juegos Nacionales, las ligas deportivas denuncian un «plan tortuga» administrativo: cuentas de cobro frenadas para entrenadores y operadores logísticos, además de la cancelación de viajes de preparación clave para las competencias nacionales.
La sombra de una red de ‘contratos corbata’
Las revelaciones sobre el funcionamiento interno de Indeportes apuntan a que la gerencia de Salazar habría sido desbordada por una presunta red paralela de contratación. Versiones entregadas por contratistas bajo reserva de identidad señalan a la asesora Saily Ibáñez y a la directora deportiva Viviana Romero como las supuestas fichas de poder que manejaban a su antojo la vinculación de personal.
El entramado habría contado también con la participación de la Coordinación de Metodólogos, a cargo de Juan Diego Cortés, desde donde presuntamente se daba ‘luz verde’ a contratos asignados a familiares y amigos sin experiencia deportiva. Estos instructores ‘fantasma’ habrían cobrado al parecer honorarios sin presentar los debidos soportes o evidencias de trabajo.
Aunque la Gobernación garantizó que el calendario deportivo y los apoyos no se detendrán, el remezón en Indeportes penas comienza. Con el canal de denuncias abierto y los organismos de control sobre la pista, el escándalo amenaza con dejar nuevas imputaciones y salpicar a más funcionarios de alto nivel en el departamento.
