La discusión que se adelanta en el Concejo Municipal de Cunday merece un análisis sereno, técnico y alejado de las pasiones políticas. No se trata de estar a favor o en contra del alcalde, ni mucho menos de oponerse a los programas de vivienda o a la legalización de predios. Se trata de garantizar que las decisiones sobre el patrimonio público se adopten con transparencia, límites claros y suficiente control institucional.
El proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal busca autorizar al alcalde para transferir, ceder gratuitamente o enajenar bienes fiscales titulables y bienes ejidales con destinación habitacional, en el marco de la Ley 2044 de 2020 y demás normas relacionadas con la formalización de la propiedad.
Hasta ahí, la finalidad del proyecto encuentra respaldo en la legislación colombiana y responde a una necesidad real de muchas familias que esperan acceder a la titulación de sus viviendas.
Sin embargo, el debate no puede quedarse únicamente en el objetivo del proyecto. También debe analizarse la forma como se pretende otorgar esa autorización.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que las facultades solicitadas tendrían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, durante dieciocho meses. En términos institucionales, esta decisión implica que el Concejo renunciaría por un periodo considerable a revisar nuevas autorizaciones relacionadas con la disposición de bienes públicos.
Surge entonces una pregunta legítima: ¿es realmente necesario conceder unas facultades tan amplias y por tanto tiempo?
Resulta razonable que la ciudadanía espere una explicación técnica que justifique por qué la Administración requiere una autorización que abarca incluso un periodo preelectoral y electoral. Una mayor duración de las facultades exige, por lógica, mayores mecanismos de control.
Otro punto que merece especial atención es que el proyecto no identifica de manera expresa cuáles son los bienes que podrán ser objeto de cesión o enajenación. Aunque hace referencia al inventario provisional de bienes del municipio y a aquellos que puedan incorporarse producto de procesos de legalización urbanística, el texto no incorpora un listado específico de predios, matrículas inmobiliarias, ubicaciones o características.
Desde una perspectiva de transparencia administrativa, esa información debería hacer parte del debate público.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué bienes públicos podrían ser transferidos y bajo qué criterios se seleccionarán.
Asimismo, el proyecto no contempla obligaciones periódicas de rendición de cuentas por parte del alcalde ante el Concejo Municipal. En un asunto tan sensible como la disposición de bienes públicos, resulta conveniente establecer informes periódicos que permitan hacer seguimiento a cada proceso de cesión, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y garantizar la publicidad de las actuaciones administrativas.
Debe reconocerse también que el proyecto incorpora algunas salvaguardas importantes. Por ejemplo, excluye expresamente las zonas de riesgo, áreas ambientales protegidas, espacio público y terrenos destinados a equipamientos como salud o educación. Esa disposición constituye un aspecto positivo.
No obstante, esas prohibiciones deberían complementarse con la exigencia de conceptos técnicos previos emitidos por Planeación Municipal, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental competente para cada uno de los predios que eventualmente sean objeto de transferencia.
En los últimos días también han surgido inquietudes ciudadanas sobre un eventual proyecto de vivienda en un sector cercano al río. Frente a ello es indispensable actuar con responsabilidad. El contenido del proyecto de acuerdo no permite concluir que exista un interés particular o un beneficio específico para determinado proyecto urbanístico.
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Sin embargo, sí corresponde al Concejo ejercer plenamente su función de control político y formular preguntas que resultan completamente legítimas: ¿qué predios serán incluidos?, ¿todos cumplen las condiciones urbanísticas y ambientales?, ¿existen estudios de riesgo?, ¿se encuentran dentro del inventario oficial del municipio?
Preguntar no es acusar, son preguntas cuyas respuestas deberían estar inmersas en el proyecto de acuerdo en haras del control y transparencia administrativa, pues paragrafos como el primero del articulo primero que a su tenor dice: «…Y los que se agreguen producto de la legalización urbanistica del municipio de Cunday» es de por si una expresión muy abierta que implicaría la inclusión de predios que nadie conoce, y que de existir un inventario claro, tampoco estarían en el mismo, por ende podría incluirlos automaticamente cuando quieran, lejos del control del Concejo Municipal.
Al respecto las preguntas dentro de un control político serio, deberían ser ¿Cuáles? ¿Cuantos? y ¿dónde? de lo contrario el concejo estaría aprobando bienes futuros que no conoce.
Exigir información no significa obstaculizar el desarrollo.
La transparencia fortalece las instituciones y protege tanto a la administración como a la ciudadanía.
Por esa razón, el debate que hoy enfrenta el Concejo Municipal no debería reducirse a una votación entre quienes apoyan o rechazan al gobierno local. La verdadera discusión consiste en determinar si las facultades solicitadas cuentan con límites suficientes para proteger el patrimonio público y garantizar que cada decisión pueda ser supervisada por los organismos de control y por la propia ciudadanía.
Los programas de vivienda son necesarios. La formalización de la propiedad también. Pero precisamente porque involucran bienes públicos, deben desarrollarse bajo reglas claras, con información suficiente y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Aprobar un proyecto no significa renunciar al control político. Al contrario, las mejores decisiones son aquellas que permiten avanzar en el desarrollo del municipio sin sacrificar la transparencia ni el deber constitucional de vigilancia que corresponde al Concejo Municipal.
Dicho lo anterior espero que el Honorable Concejo Municipal, atienda lo que aqui referencio y lo que los demás actores políticos del municipio han manifestado.
Una sociedad que llega a acuerdos, aún en medio de las diferencias, es una sociedad que avanza.
Por: Julian Betancourt Nieto – Cundayence, Politólogo, periodista y Exsecretario General del Concejo Municipal de Cunday
