Miguel Ángel Barreto volvió a poner sobre la mesa del Congreso una de las luchas legislativas que ha abanderado durante los últimos años: la inclusión del Tolima y otras regiones golpeadas en el régimen de Zona Económica y Social Especial (ZESE). Esta vez, el congresista conservador tras el reciente terremoto que sacudió al centro y sur del país, decidió radicar dos iniciativas que buscan evitar un colapso económico de mayor escala.
Para Barreto, la ayuda humanitaria de emergencia —mercados y carpas— es apenas un paño de agua tibia. La urgencia real en departamentos como Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca y Chocó radica en recuperar el comercio, sostener a los pequeños empresarios y reabrir las vías por donde los campesinos sacan su producción.
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ZESE: una vieja bandera adaptada a la crisis actual
La insistencia del senador con el modelo ZESE no es nueva. Desde periodos anteriores ha venido impulsando este beneficio tributario para que las ciudades golpeadas por el desempleo en el Tolima tengan el mismo oxígeno fiscal que se le otorgó a las zonas fronterizas.
La propuesta radicada nuevamente en la Cámara establece que las empresas que se creen en los próximos tres años en los departamentos afectados no pagarán impuesto de renta durante cinco años, y solo cancelarán el 50 % en los cinco siguientes.
La medida también abre la puerta a las compañías ya constituidas, pero fija una condición clara para evitar abusos: deberán demostrar un incremento real del 15 % en su nómina de empleo directo y sostenerlo durante todo el periodo del beneficio. El incentivo aplica para comercio, industria, agricultura, construcción y turismo, dejando por fuera a sectores extractivos, portuarios o traslados ficticios de sede social.

Maquinaria incautada para destapar las trochas rurales
El segundo proyecto ataca de frente la parálisis de la red vial terciaria en los municipios de quinta y sexta categoría, donde la falta de presupuesto hace imposible reparar los derrumbes provocados por el sismo.
La iniciativa ordena a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) crear un banco de maquinaria amarilla con los equipos decomisados al crimen organizado y la minería ilegal. En lugar de dejar que estos vehículos se chatarricen o se pudran en depósitos oficiales, la norma obliga a entregarlos a las alcaldías más vulnerables, priorizando municipios PDET y ZOMAC, para despejar los caminos comunales.
Con la radicación formal, la discusión pasa ahora a las comisiones del Congreso, donde el reto será agilizar el trámite legislativo antes de que el impacto del terremoto termine por congelar la dinámica productiva del departamento y la región.




