El exalcalde de Honda judicializado por la Fiscalía es Juan Guillermo Beltrán Amortegui, investigado por presuntas irregularidades en un contrato de $11,3 millones suscrito durante su administración en 2017.
Por estos mismos hechos fueron judicializadas Lina Rocío Barreto Hoyos, quien se desempeñaba como secretaria de Salud y Proyectos Sociales y habría ejercido como supervisora del contrato, y Otilia del Pilar Morales Giraldo, contratista.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el contrato tuvo un valor de $11.341.000 y habría sido tramitado sin que se verificaran adecuadamente los documentos que acreditaban la ejecución de las actividades contratadas.
Fiscalía señala presunto pago irregular de $7,8 millones
Uno de los principales señalamientos está relacionado con el destino de los recursos públicos.
Según el ente investigador, el entonces alcalde habría firmado la aceptación de la oferta y posteriormente el acta de liquidación sin comprobar los soportes que demostraran la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento del contrato.
Esta actuación, de acuerdo con la Fiscalía, habría permitido realizar el pago a la contratista y una presunta apropiación indebida de $7.841.000.
La investigación también apunta a la actuación de quien tenía a su cargo la supervisión del contrato.
Exsecretaria y contratista también fueron judicializadas
La Fiscalía señala que Lina Rocío Barreto Hoyos habría elaborado el informe de supervisión y el certificado de cumplimiento del contrato sin contar con los soportes necesarios para acreditar que las obligaciones habían sido cumplidas.
Además, según la investigación, habría presentado dos actas de entrega presuntamente falsificadas.
En cuanto a la contratista Otilia del Pilar Morales Giraldo, el ente acusador sostiene que habría presentado informes de ejecución sin los documentos que respaldaran el cumplimiento del objeto contractual, situación que habría facilitado el pago de los recursos cuestionados.
Los tres enfrentan cargos
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos.
La judicialización significa que deberán responder dentro del proceso penal por los hechos que les atribuye la Fiscalía, pero no constituye una condena. Será la justicia la que determine su responsabilidad penal a medida que avance el proceso.
