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Judicializan a exalcalde de El Espinal y seis personas por presuntas irregularidades en contratación

La Fiscalía imputó el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades por hechos relacionados con dos contratos suscritos en 2016.

El exalcalde de El Espinal, Mauricio Ortiz Monroy, fue judicializado junto a otras seis personas por presuntas irregularidades en la contratación pública durante su administración, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos investigados están relacionados con la suscripción de dos contratos en febrero de 2016, cuando Ortiz Monroy se desempeñaba como mandatario del municipio.

Junto al exalcalde fueron judicializados los exsecretarios de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente, Juan Guillermo Cardozo Rodríguez; General y de Gobierno, Miguel Ángel Carvajal Morales; la entonces jefe de Contratación, Lanny Yulieth Torres Rojas; y la exdirectora administrativa de Turismo y Emprendimiento, Ivonne Zulimar Forero Olaya.

También fueron judicializados los contratistas Alberto Moncaleano Betancourth y Winston Mauricio Forero Olaya.

Fiscalía investiga dos contratos

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2016 fueron adjudicados dos contratos que ahora son objeto de investigación por parte de la Fiscalía.

El primero fue entregado a Alberto Moncaleano Betancourth para apoyar la gestión de maquinaria pesada en el municipio. Según el ente acusador, el contratista era esposo de Ivonne Zulimar Forero Olaya, quien para ese momento se desempeñaba como directora administrativa de Turismo y Emprendimiento de la Alcaldía.

El segundo contrato fue adjudicado a una empresa representada por Winston Mauricio Forero Olaya, hermano de la entonces funcionaria.

La Fiscalía señaló que los funcionarios involucrados presuntamente conocían los vínculos familiares existentes y, pese a ello, certificaron que los contratistas no estaban incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

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Fueron imputados por inhabilidades e incompatibilidades

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los siete procesados el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

Según la Fiscalía, ninguno de los procesados aceptó el cargo.

La judicialización hace parte del proceso que adelantan las autoridades para determinar las posibles responsabilidades individuales frente a las actuaciones relacionadas con los contratos investigados.

El caso continuará en las instancias judiciales correspondientes, mientras se desarrolla el proceso contra los exfuncionarios y particulares vinculados a la investigación.

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