La responsabilidad fiscal en El Espinal quedó establecida este año por la Contraloría Departamental del Tolima, tras un proceso que se remonta al contrato que la Alcaldía firmó en 2022 para organizar tres de las fiestas más importantes del municipio: el Festival del San Pedro, el Festival del Retorno y el Día de la Lechona.
Todo comenzó con el Contrato No. 487 del 3 de junio de 2022, suscrito con la Corporación de Ferias y Fiestas y Tradiciones Populares, Corpoguamo, por un valor inicial de $3.000 millones y un plazo de tres meses. El contrato tuvo después una adición de $883.738.111, para un valor total de $3.883.738.111. El objeto: contratar los servicios técnicos, artísticos, logísticos y administrativos para el desarrollo de los eventos culturales.
El hallazgo que originó el proceso, remitido por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente en octubre de 2023, encontró diferencias entre los valores entregados por concepto de estímulos económicos y los valores realmente cobrados y pagados al contratista.
Tras el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, radicado bajo el número 112-081-2023, la Contraloría concluyó que el detrimento patrimonial, calculado inicialmente en $26.275.914, obedeció a una conducta calificada como culpa grave por falta de cuidado, custodia y vigilancia sobre los recursos públicos entregados. Con la respectiva indexación por IPC, el valor final del detrimento quedó fijado en $33.130.500.
El fallo declaró responsables, de forma solidaria, a Efrey Bocanegra Ortiz, quien para la época de los hechos era secretario de Hacienda y delegado para la ordenación del gasto, y a Diego Fernando Jiménez Lozano, entonces director administrativo de Cultura y Turismo y supervisor del contrato. La responsabilidad también recayó sobre la propia Corpoguamo, representada legalmente por Edwin Rodríguez Arciniegas.
Dentro del proceso también se vinculó como tercero civilmente responsable a Seguros del Estado S.A., aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato, la cual responderá hasta el monto amparado. En cambio, la Contraloría desvinculó del proceso a MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., que había expedido una póliza distinta, de responsabilidad civil para servidores públicos.
Contra el fallo procede el recurso de reposición, que los implicados tenían cinco días hábiles para interponer desde su notificación. Una vez en firme, la decisión será remitida a la Contraloría General de la República para incluir a los responsables en el Boletín de Responsables Fiscales, y copia del fallo también será enviada a la Procuraduría General de la Nación.
