Lo que comenzó como un debate de control político sobre la minería ilegal, el deterioro ambiental y la pérdida de control territorial en el sur del Tolima terminó convirtiéndose en un escenario de confrontación política entre la gobernadora Adriana Matiz y los representantes a la Cámara por este departamento.
La discusión tuvo lugar el martes 10 de noviembre en la Comisión Quinta del Senado de la República, donde fueron citados los ministerios de Defensa y Ambiente para responder por la situación que atraviesan diferentes territorios del país, con especial atención en municipios como Ataco, donde la explotación ilícita de oro ha generado graves consecuencias ambientales y de seguridad.
Durante su intervención, la mandataria departamental cuestionó a los congresistas que han venido denunciando las afectaciones ambientales y la expansión de la minería ilegal, al considerar que su preocupación llega tardíamente, pese a que se trata de una problemática que viene de años atrás.
Matiz sostuvo que durante los cuatro años anteriores algunos de los sectores políticos que hoy reclaman respuestas no habrían ejercido la misma presión ni adelantado acciones suficientes para enfrentar esta situación.
«Para quienes hoy hacen gala de una preocupación ambiental en las cámaras y en las redes sociales, cuando guardaron mejor silencio durante cuatro años, yo quisiera preguntarles: ¿Qué hicieron por el departamento?, ¿A dónde acudieron por el departamento?», cuestionó la gobernadora.
La mandataria fue más allá y aseguró que quienes hoy la señalan fueron «ciegos, sordos y mudos» frente a lo que estaba ocurriendo en el sur del Tolima. También defendió las actuaciones de su administración y pidió al Congreso modificar la legislación minera para fortalecer los mecanismos de control contra las estructuras criminales dedicadas a esta actividad.
Las respuestas de los representantes
Uno de los congresistas que respondió a los cuestionamientos fue Marco Emilio Hincapié, quien rechazó los señalamientos de la gobernadora y aseguró que sí ha adelantado actuaciones para advertir sobre los problemas de seguridad que afectan al departamento.
El representante recordó que desde 2020, cuando hacía parte de la Asamblea Departamental, había advertido sobre la llegada de grupos armados organizados al Tolima. Según manifestó, sus alertas fueron desestimadas en su momento por dirigentes del sector político que hoy cuestiona.
Sin embargo, Hincapié también trasladó la discusión hacia la responsabilidad del barretismo, movimiento político que ha tenido una prolongada influencia en la administración departamental.
«El barretismo lleva gobernando el Tolima durante más de una década, y ahora quieren lavarse las manos por el enorme atraso, pobreza e inseguridad que se vive en nuestro departamento. Es necesario que asuman el costo político de su ineficiente gestión», manifestó.
Por su parte, el representante Renzo García también cuestionó la respuesta institucional frente a la crisis ambiental y de seguridad que atraviesa el sur del departamento. El congresista recordó que durante su paso por la Asamblea del Tolima impulsó dos ordenanzas: una relacionada con el reconocimiento del río Saldaña como sujeto de derechos y otra mediante la cual se declaró la emergencia climática en el territorio.
No obstante, cuestionó que estas iniciativas no hayan tenido la implementación necesaria y señaló que apenas ahora se estaría avanzando en la conformación del Comité Interinstitucional relacionado con la emergencia climática.
García también puso sobre la mesa la situación de orden público en Ataco y pidió explicaciones por el incremento de los homicidios. Uno de sus cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con el ingreso de maquinaria utilizada para la explotación ilegal de oro, al asegurar que cerca de 500 retroexcavadoras habrían ingresado por el sector donde está ubicado un batallón militar, en la entrada del municipio.
El representante cuestionó los controles de la Fuerza Pública frente al ingreso de estos equipos, que estarían contribuyendo a la destrucción del río Saldaña y al fortalecimiento financiero de estructuras criminales.
Adicionalmente, García lamentó que la gobernadora se hubiera retirado del recinto cuando estaba previsto que intervinieran los representantes a la Cámara por el Tolima, al considerar que estos espacios deben permitir escuchar las preocupaciones y los cuestionamientos de los congresistas del departamento.
Una disputa que va más allá de la minería ilegal
Las intervenciones dejaron en evidencia dos posiciones políticas frente a la crisis que enfrenta el sur del Tolima. Mientras Adriana Matiz cuestionó la falta de actuaciones de algunos congresistas durante los años anteriores y defendió la gestión de su administración, Hincapié y García insistieron en que sí han adelantado acciones y que las responsabilidades también deben examinarse desde los gobiernos departamentales y las autoridades encargadas de ejercer control ambiental y territorial.
En ese contexto, el barretismo terminó convertido en uno de los protagonistas de la discusión, luego de que Hincapié señalara directamente a este sector político por su prolongada permanencia en el poder departamental.
Más allá de los señalamientos entre los dirigentes, el debate dejó sobre la mesa la necesidad de establecer responsabilidades institucionales y adoptar medidas efectivas para frenar la minería ilegal, recuperar las fuentes hídricas y garantizar la seguridad de las comunidades que habitan el sur del Tolima.
Joan Beltran
Politólogo y redactor de noticias en Panorama Tolima. Analista político en Bendspolitik.
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