El Gobierno nacional anunció este miércoles 21 de octubre que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por un monto de $634,9 billones, luego de la controversia generada por diferencias en el trámite legislativo del proyecto en el Congreso.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, mediante un video publicado en la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia en la red social X.
Durante su intervención, Restrepo sostuvo que el presupuesto no fue hundido ni rechazado por el Congreso, pues recibió el respaldo mayoritario de ambas cámaras. Sin embargo, reconoció que se presentó un error de trámite en uno de los artículos, debido a diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que no alcanzaron a ser conciliadas dentro del plazo legal.
¿Qué dice el artículo 59?
Para sustentar la decisión, el vicepresidente invocó el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece que, si el Congreso no expide el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluidas las modificaciones aprobadas durante el primer debate.
En consecuencia, Restrepo explicó que el decreto recogerá el proyecto presupuestal presentado por el Ejecutivo con los ajustes aprobados en esa primera etapa del trámite legislativo.
Esta precisión es relevante porque no se trata de incorporar automáticamente todas las modificaciones realizadas durante las plenarias de Senado y Cámara, sino de aplicar el texto previsto en el artículo 59, con las modificaciones aprobadas en primer debate.
La controversia por el artículo 65
El anuncio se produce después de que surgieran cuestionamientos sobre la aprobación del artículo 65 del PGN 2027. La controversia se originó porque, según los registros y las denuncias conocidas, el Senado y la Cámara habrían aprobado versiones diferentes de esa disposición, sin que se realizara la conciliación correspondiente.
La situación generó dudas sobre la validez del trámite legislativo y abrió la posibilidad de que el presupuesto no pudiera culminar su proceso como una ley aprobada por el Congreso.
Con la decisión anunciada, el Ejecutivo busca dar continuidad al proceso presupuestal y establecer las apropiaciones que regirán durante 2027. El alcance de la medida y sus efectos sobre los cambios introducidos en las plenarias dependerán del contenido definitivo del decreto y de la aplicación de las disposiciones legales correspondientes.
Joan Beltran
Politólogo y redactor de noticias en Panorama Tolima. Analista político en Bendspolitik.
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