El Gobierno nacional pidió a la Fiscalía General de la Nación que evalúe si las expresiones atribuidas al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, constituyen una infracción o un delito. La solicitud quedó consignada en un comunicado firmado por integrantes del gabinete ministerial y otras instituciones del Ejecutivo, fechado en Bogotá el 11 de octubre de 2026 y divulgado en la cuenta de X de la Presidencia de la República.
En el documento, los firmantes rechazan el uso del término “ratica” y los cuestionamientos sobre la apariencia personal de la Primera Dama. Según el pronunciamiento, la animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideran profundamente misóginas.
El marco legal que cita el Gobierno
Para sustentar su petición, el Ejecutivo se apoyó en normas sobre los derechos y garantías de las mujeres. Entre ellas, la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, la violencia basada en género y las afectaciones a su imagen pública.
Por ahora, corresponde a la Fiscalía determinar si hay mérito para abrir una indagación. Las expresiones citadas son atribuidas al caricaturista y, hasta este momento, no hay una decisión judicial sobre el caso.
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