El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar la totalidad de las obras y piezas que fueron retiradas de sus salas de exposición por decisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en medio de la controversia por la modificación de varias muestras relacionadas con la memoria histórica, el feminismo y las comunidades LGBTIQ+.
La decisión, adoptada como medida provisional mientras se estudia de fondo una acción de tutela, busca garantizar la preservación de los elementos y evitar que sean destruidos, alterados, dados de baja, devueltos a terceros o trasladados fuera de las instalaciones del museo.
¿Qué ordenó el juez?
Además de mantener las piezas bajo condiciones técnicas adecuadas de conservación y custodia, el despacho judicial dispuso que el museo preserve toda la documentación relacionada con su retiro, incluidos inventarios, registros de movimiento, guiones museográficos, actas, correos electrónicos y comunicaciones.
La institución también deberá entregar al juzgado, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la providencia, un informe detallado con el listado completo de los elementos retirados, su ubicación actual, su estado de conservación y la autoridad o dependencia que ordenó cada retiro.
La medida incluye elementos desmontados de las salas de exposición y del jardín conmemorativo de Miguel Ángel Díaz. Asimismo, el juzgado ordenó abstenerse de retirar, desmontar o intervenir otras piezas por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que sustenten esas decisiones.
¿Por qué se generó la controversia?
La polémica se intensificó después de que, el 15 de octubre, fueran retiradas piezas de las exposiciones del Museo Nacional, entre ellas objetos y documentos relacionados con las luchas feministas, la diversidad sexual, la violencia política y el proceso de paz.
Entre los elementos reportados se encuentran materiales vinculados con las campañas políticas de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, así como objetos asociados con la memoria histórica y los derechos de las comunidades LGBTIQ+. El retiro generó cuestionamientos de sectores culturales y ciudadanos, además de manifestaciones frente al museo.
La ministra de las Culturas, Paola Holguín, había señalado que la museología y la curaduría de los espacios a cargo del ministerio estaban siendo evaluadas y rediseñadas. Desde el Gobierno, la revisión se ha justificado en la necesidad de replantear los contenidos de las exposiciones y evitar que los espacios culturales se utilicen para el adoctrinamiento político.
Una tutela busca proteger las piezas retiradas
La actuación judicial se originó en una acción de tutela presentada por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, integrante del colectivo Revolución en Rosa.
El juzgado admitió la acción contra el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional. Ambas entidades deberán responder a los señalamientos y aportar las pruebas y documentos correspondientes dentro del término establecido en la providencia. El despacho también solicitó información sobre los actos administrativos que autorizaron la exhibición de las piezas y aquellos que sustentaron su retiro.
Por ahora, la orden judicial es provisional y no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del retiro de las obras ni sobre el contenido de las exposiciones. Su propósito inmediato es garantizar que las piezas y los documentos relacionados se conserven mientras avanza el estudio de fondo de la tutela.
Joan Beltran
Politólogo y redactor de noticias en Panorama Tolima. Analista político en Bendspolitik.
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