El exalcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez Ramírez, conocido como Luis H., recibió una nueva condena por el escándalo de los Juegos Nacionales de 2015. Un juez lo sentenció a 9 años y 5 meses de prisión como coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo, por la asignación de las interventorías de los escenarios deportivos.
Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa superior a $437 millones y quedó inhabilitado durante 10 años y 6 meses para ejercer cargos públicos.
Lo que se probó en esta ocasión
La investigación de la Fiscalía se centró en cómo se adjudicaron varios contratos de interventoría para las obras que debían estar listas para las justas nacionales. De acuerdo con lo establecido en el proceso, el entonces alcalde intervino para direccionar esas contrataciones.
Uno de los hechos analizados fue un convenio entre el Imdri, Coldeportes y la Gobernación del Tolima para los estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro. Durante su administración, la Secretaría de Planeación contrató por más de $800 millones a un particular que no cumplía los requisitos para ejecutar ese acuerdo.
Cómo se llegó hasta aquí
Ibagué se preparaba para ser sede de los XX Juegos Deportivos Nacionales y los IV Paranacionales. En lugar de una vitrina, las obras terminaron en uno de los mayores escándalos de corrupción del Tolima.
El caso comenzó a destaparse en 2016 con la captura de Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la Secretaría de Hacienda, quien aceptó su responsabilidad y colaboró con la Fiscalía. Su testimonio llevó a otras capturas, como la del exsecretario de Hacienda Oswaldo Mestre. En octubre de 2016, la Contraloría reportó hallazgos fiscales por más de $66.000 millones. En 2017 llegaron las primeras condenas, entre ellas la del exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel, a 12 años de prisión.
El 9 de noviembre de 2017, el CTI capturó en Espinal a Luis H. Rodríguez, quien gobernó Ibagué entre 2012 y 2015. La Fiscalía lo señaló por el contrato 074 del 11 de marzo de 2015, de más de $37.000 millones, para la Unidad Deportiva de la calle 42. Semanas después, la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó por 18 años por no ejercer el control debido sobre las obras.
El proceso penal se dividió en varios tramos. En mayo de 2020, en audiencia virtual, le imputaron cargos por dos concursos de méritos de 2015 y no los aceptó. Con el tiempo, acudió a preacuerdos con la Fiscalía y empezaron las sentencias:
- 18 de febrero de 2025: 4 años, 10 meses y 21 días de prisión por dos convenios de diciembre de 2014 para la remodelación del coliseo menor y las piscinas de la Unidad Deportiva.
- Septiembre de 2025: 3 años y 8 meses por el contrato de interventoría de la obra del Murillo Toro, tras aceptar su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
- 12 de diciembre de 2025: 8 años y 9 meses por irregularidades en tres convenios, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El juez negó la prisión domiciliaria y lo inhabilitó por 9 años y 9 meses.
La sentencia conocida ahora se suma a esas decisiones. Una década después de los Juegos que nunca se disfrutaron, el desenlace judicial del caso sigue avanzando proceso por proceso.
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