El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, aprobado por el Congreso por $634,9 billones, quedó en medio de una controversia por posibles irregularidades en el trámite legislativo que podrían poner en riesgo su entrada en vigencia. La discusión se centra en el artículo 65, cuyo contenido habría sido aprobado con diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes.
La polémica tomó fuerza tras un pronunciamiento del secretario general del Senado, Diego Alejandro González González, quien dejó constancia de que el artículo 65 fue aprobado en la plenaria de esa corporación sin proposiciones. Según explicó, el registro oficial de las modificaciones avaladas por los senadores no contiene ninguna proposición relacionada con ese apartado.
Sin embargo, el funcionario señaló que contaba con información según la cual el artículo sí habría sido aprobado con proposiciones en la Cámara de Representantes. Esta diferencia abrió interrogantes sobre la correspondencia entre los textos aprobados por ambas corporaciones y la validez del procedimiento seguido para dar luz verde al presupuesto.
El asunto resulta especialmente relevante porque el plazo legal para que el Congreso aprobara el PGN vencía el 20 de octubre de 2026. Aunque ambas cámaras anunciaron la aprobación del proyecto dentro de ese término, la discrepancia detectada podría derivar en cuestionamientos jurídicos sobre el trámite y la posibilidad de que el texto llegue a sanción presidencial en las condiciones anunciadas.
¿Qué pasaría si el presupuesto se expide por decreto?
Si el proyecto no puede culminar válidamente su trámite legislativo, el Gobierno tendría que evaluar la aplicación de las disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto para adoptar el presupuesto por decreto. En ese escenario, la versión que serviría de base no incorporaría automáticamente los ajustes introducidos durante los debates plenarios del Senado y la Cámara, por lo que podrían quedar por fuera cambios en las asignaciones presupuestales aprobados durante esas sesiones.
La eventual expedición por decreto tendría consecuencias sobre la distribución de los recursos públicos para 2027, pues el proyecto aprobado en el Congreso contempló modificaciones en distintas partidas, incluidos sectores como salud y educación. Por ello, la controversia no se limita a un asunto formal: también compromete la certeza sobre cuáles disposiciones y asignaciones terminarían rigiendo el próximo año.
Por ahora, el punto central es establecer si la diferencia en el artículo 65 constituye un vicio capaz de afectar la validez del trámite y cuáles serían sus efectos jurídicos. La aprobación anunciada por las dos cámaras y las constancias de sus respectivas secretarías deberán contrastarse con los textos y registros oficiales para determinar el alcance de la irregularidad.
Joan Beltran
Politólogo y redactor de noticias en Panorama Tolima. Analista político en Bendspolitik.
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